Descansar, descansar, descansar.

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Por Humberto de la Calle.
(Articulo aparecido en el Diario El Espectador. 7.9.06)

De 1991 a hoy se han expedido la friolera de 1.026 leyes. Algo verdaderamente alucinante. A esto sume 3.051 decretos, 7.834 resoluciones y decenas de miles de normas, y el panorama es escalofriante.

Si el país fuera serio, sería el tabernáculo del estado de derecho. Pero no hay que equivocarse.

Esta jungla legal, en vez de arrojar claridad, más bien oscurece el panorama.

Más grave aún: a estas fuentes explícitas de normas se suman otras que actúan de manera sutil y que derogan, confunden y complican el escenario normativo.

En Colombia, algo excepcional, concurren la acción y la excepción de inconstitucionalidad. La primera permite a cualquier ciudadano demandar leyes ante la Corte Constitucional. La segunda autoriza a cualquier funcionario abstenerse de aplicar una ley que estima inconstitucional.

Vivimos orgullosos de eso, pero quizá deberíamos meditar un poco más sobre la cuestión. La excepción de inconstitucionalidad no ha producido un caos monumental, simplemente porque pocos se atreven a hacer uso de ella. Pero si se tomara en serio, tendríamos una organización normativa erosionada por las creencias o por el simple capricho del funcionario. En cuanto a la acción, calificada por muchos como el mayor logro de nuestro constitucionalismo, por cuanto no tiene cortapisa alguna, ha generado un exceso de trabajo sobre la Corte verdaderamente monumental. Cada semana despacha una decena de sentencias que modifican el cuerpo normativo de manera sustancial. Es imposible seguirle el paso. Lo grave será cuando la Corte, víctima de este ‘tsunami’ de demandas, no pueda seguirse el paso a sí misma. Hoy día, cualquier gremio consigue un calanchín para que demande la ley que le incomoda, disfrazando su verdadero interés económico. Los profesores universitarios ponen de tarea a los estudiantes traer una demanda ante la Corte. Un maremágnum. En muchos países, la demanda debe obedecer a un interés real, o ser propuesta por la oposición, o por grupos minoritarios de congresistas, o por organizaciones serias, o por personas que ejercen alguna representatividad.

Como dijo recientemente Jorge Humberto Botero, deberíamos hacer un debate académico sobre el asunto, sin caer en el cliché de decir que se trata de una conquista intocable o, menos aún, en el prejuicio de tirarle huevos podridos a quien ose discutir el asunto.

Otro fenómeno es el de la derogatoria tácita. Se supone que una ley deroga la disposición contraria, aunque no lo diga. Y en este festival legislativo, cada inciso que aprueban los congresistas termina haciendo estragos hacia atrás.

Debería establecerse como requisito que cada ley deba decir explícitamente qué normas deroga.

Esto obliga a los congresistas a tener método, disciplina y estudio. Existen en varios países cuerpos de expertos que deben opinar sobre los proyectos de ley antes de ser presentados. Es una buena idea.

Un congreso debe distinguirse no sólo por el volumen de normas que aprueba, sino por aquellos adefesios que niega.

Por favor: que el lema del Congreso, al menos mientras amaina la cascada legislativa, sea éste: “descansar, descansar, descansar”.